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La normativa salvadoreña sobre la desaparición forzada
 
2018-02-06  
     
 

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“Llegan unos hombres. Irrumpen en la vivienda, casa de una familia, rica o pobre, en una ciudad o en una aldea, en cualquier lugar. Llegan en cualquier momento del día o de la noche, habitualmente de paisano, algunas veces en uniforme, siempre armados. Sin dar explicaciones, sin presentar ninguna orden de detención, a menudo sin decir quiénes son y en nombre de quién actúan, se llevan a rastras a uno o más miembros de la familia hacia un automóvil, haciendo uso de la violencia de ser necesario.” Comisión Independiente sobre Cuestiones Humanitarias Internacionales, Desaparecidos técnicas del terror (Londres, Zed Books, 1986).


Siendo un ejemplo de la práctica de desaparición forzada, ejecutada por agentes gubernamentales de cualquier sector o nivel, por grupos organizados o por particulares que actúan en nombre del gobierno o con su apoyo directo o indirecto, su autorización o su asentimiento, realizada también por grupos beligerantes, en contra de la población civil. La Comisión de la Verdad registró más de 22,000 denuncias de graves hechos de violencia ocurridos en El Salvador, durante el período de enero de 1980 a julio de 1991.
La Doctora en Derechos Humanos, Mónica Pinto refiere que es deber del Estado garantizar los derechos humanos, implica organizar todo el aparato gubernamental, y en general todas las estructuras que lo conforman y a través de las cuales manifiesta el poder público, entre esas adecuaciones se encuentra la creación de normativa que concretice esos derechos. 
En El Salvador, el Código Penal de 1974, cuyo sistema inquisitivo tenía como finalidad la persecución penal pública de los delitos, con la característica de la obligatoriedad de su ejercicio, siendo un Proceso de Oficio, rasgo característico del sistema penal inquisitivo. El juez está facultado para iniciar, continuar y concluir el proceso sin que otro órgano o personal alguno lo incite a hacerlo, no estando el denunciante obligado a probar lo que afirma, ni a sostener sus afirmaciones durante el juicio.
La Constitución de la República de 1983, en el Ordinal Tercero del Artículo 193, estableció con la reforma de 1991 que: “corresponde a la Fiscalía General de la República: dirigir la investigación del delito y en particular de los hechos criminales que han de someterse en la jurisdicción pena.”
El delito de desaparición forzada, que es considerado como delito de Lesa Humanidad, el actual Código Penal Salvadoreño lo ha tipificado, en su Artículo 364 Desaparición Forzada de Personas: “El funcionario o empleado público, agente de autoridad o autoridad pública, que detuviere legal o ilegalmente a una persona y no diere razones sobre su paradero, será sancionado con prisión de cuatro a ocho años e inhabilitación absoluta del cargo o empleo respectivo por el mismo término.”
El Artículo 365 señala la Desaparición Forzada de Personas cometida por particular: “El que realizare la conducta descrita en el artículo anterior, habiendo recibido órdenes o instrucciones de funcionario o empleado público, agente de autoridad o autoridad pública, será sancionado con prisión de tres a seis años y multa de ciento ochenta a doscientos días multa.”
Durante el conflicto armado interno de El Salvador, no se contaba con la tipificación clara de Desaparición forzada, el antiguo Código Penal lo tipificaba como privación de libertad, secuestro, se puede decir que existe un avance significativo en la penalización de este delito.
Responsable: Jaqueline Ramírez

 
 
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